La invención de la ciudadanía moderna.


Este post es un trabajo que hice para la asignatura Historia Contemporánea de España en segundo de carrera y me parecía apropiado subirlo al blog para aquél que le pueda interesar este tema.

El ciudadano, el cives es el miembro de una comunidad, una civitas. Y la ciudadanía, según Pietro Costa es la relación de pertenencia a una comunidad política, que determina la identidad política de sus miembros, les atribuye deberes y derechos, establece las formas de la obediencia y la participación y dicta las reglas de la inclusión y la exclusión.

Desde los momentos iniciales de la Edad Moderna, se rompió tanto la vinculación medieval entre ciudadano y ciudad, es decir, el burgués; como la identificación entre ciudadanía y participación política del legado clásico. Bodino fue el que propuso estas rupturas; él propugnaba la equiparación entre ciudadano y súbdito, es decir, que lo que lo definía era la obediencia y reconocimiento hacia su príncipe soberano.

Esta idea proseguiría hasta la segunda mitad del siglo XVIII, en especial hasta el periodo revolucionario francés, que es donde se inventa el concepto moderno de ciudadanía. Esta invención se reflejó al menos en tres rasgos básicos:

  1. El final de la identificación entre burgués y ciudadano, aún subsistente a pesar de la crítica de Bodino.
  2. La sustitución de los deberes por los derechos como rasgo fundamental de la ciudadanía. Sigue habiendo deberes, pero lo definitorio de la ciudadanía serán los derechos.
  3. El abandono de la equiparación entre ciudadano y súbdito. La diferencia entre ambas quedó establecida en el Contrato Social de Rousseau que dice que se llaman ciudadanos a los partícipes de la autoridad soberana, y súbditos los que están sometidos a las leyes del Estado.

Se da una nueva dualidad que se pone de manifiesto con la declaración de Derechos de 1789: la que enfrentaba al hombre y al ciudadano. En El Contrato Social, Rousseau dice que en el estado de naturaleza el hombre vive sometido a sus instintos, únicamente preocupado de sí mismo, mientras que en el estado civil, se da una trasmutación: el deber remplaza al impulso físico, la propiedad a la posesión, se pierde la libertad natural y se recibe la libertad civil. Los revolucionarios franceses heredaron de Rousseau esta dicotomía, estableciendo que someter el hombre al ciudadano suponía el paso del estado de naturaleza al estado social.

Una idea derivada de esta dicotomía es que todos los hombres, por serlo,  gozan de derechos naturales, pero el disfrute de derechos políticos, en especial al voto, no era resultado inmediato de la propia condición humana. A raíz de esto se establece la diferencia entre ciudadanos activos, que gozan de derechos políticos y ciudadanos pasivos que sólo gozan de los derechos naturales y civiles. Esto abría las puertas a la limitación de los derechos políticos en base a diferentes criterios, como el sexo o la riqueza.

Se da un cambio sustancial con la aparición de la ciudadanía nacional y la separación radical entre el nacional y el extranjero. El ciudadano aparecía ahora vinculado a un amplio cuerpo colectivo, la nación en el que reside la soberanía. Por tanto, era necesario contar con la nacionalidad para poder disfrutar de la soberanía.

En España

En España, como en Francia, el periodo revolucionario gaditano fue el momento de invención de la ciudadanía moderna. La influencia francesa se hizo sentir, en especial en la definición del ciudadano, pero se daban diferencias debido a la diferente cultura política, y a la realidad bélica que había durante la Guerra de Independencia. Durante los años de la guerra, se abandonó la referencia tradicional a la ciudad y se sustituyeron los rasgos morales que estaban asociados al término por una caracterización jurídica y política más precisa. El ciudadano aparecía como oposición al vasallo, lo que reflejaba el rechazo por parte de los liberales de las doctrinas anteriores. Frente al vasallo, lo que caracterizaba al ciudadano era su condición de hombre libre y los derechos que tal condición llevaba consigo.

Se da una diferencia de argumentos sobre el origen de los derechos. En Francia éstos procedían de un estado de naturaleza anterior a la constitución de la sociedad, por lo que no podían ser recortados. En España, se basaron en una visión historicista; los derechos naturales los tiene el hombre en sí mismo por concesión divina. El auge de esta perspectiva se situaría en tiempo de los godos, cuando el Fuero Juzgo recogía los “derechos de la nación, del Rey y de los ciudadanos”, éste había subsistido durante la reconquista, e incluso después de la unificación. Pero la unión fue el punto de partida del declive, debido al decaimiento de la celebración de cortes.

En cuanto a los deberes, el ciudadano está obligado a servir al Estado, vivir sometido a las leyes y respetar sus órganos. Puede incluso a llegar a sacrificar su vida. Flórez definió al ciudadano virtuoso como el ciudadano ilustrado, y por ilustrado debía conocer sus derechos y los deberes del Príncipe y del ciudadano. Esto se basaba también en la justificación historicista, ya que la libertad había sido la fuente de la grandeza de los Estados y de la virtud y el heroísmo de sus ciudadanos, mientras que su pérdida se convertía en la causa del declive y sometimiento.

Se plantearon dos dicotomías: la separación entre españoles y ciudadanos y la diferenciación entre derechos civiles y políticos.

Es España, no habían ciudadanos activos y pasivos; por un lado estaban los españoles (hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas, sus hijos y los extranjeros que obtuvieran la naturaleza o al menos llevaran 10 años de vecindad), que componían la nación; por otro lado estaban los ciudadanos (españoles que procedían por ambas líneas de los dominios de la corona, las los extranjeros que obtuvieran carta especial de ciudadano), que contaban además con los derechos políticos.

Complemento a esta diferenciación esta la doctrina de los derechos que los diferenciaban en dos categorías: por un lado, los derechos naturales y civiles; por otro, los derechos políticos que dependían de la ley fundamental y de las decisiones de los poderes públicos. La libertad política podía ser recortada por razones de conveniencia pública, la libertad civil sólo podía ser restringida a una determinada persona por una condena.

Pero, ¿Por qué no plasmaron los derechos en una declaración? Además de que no existía una fuerte tradición que les obligara a hacerlo, los derechos que aparecían en el borrador eran muy similares a la constitución francesa de 1793. En plena guerra contra Napoleón no parecía lo más indicado copiar partes de la constitución española de los textos constitucionales franceses.

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Categorías: Historia | Etiquetas: | Deja un comentario

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